Manfred Mauricio Quintanilla, el empresario cómplice de feminicidio

Manfred Mauricio Quintanilla hizo todo lo posible para que su tío, Jesús Hernández Alcer, no pisara la cárcel por el delito de feminicidio, quien asesino a su esposa, la cantante Yrma Lydya en el 2022.

Han pasado tres años desde que la justicia mexicana intentó esclarecer el asesinato ocurrido en el restaurante Suntory de la Ciudad de México, donde la cantante Yrma Lydia fue ultimado por su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, sobrino del empresario Manfred Mauricio Quintanilla Hernández.

Sin embargo, el caso se vio empañado por una red de corrupción encabezada por el propio Manfred Quintanilla, quien no solo protegió al asesino, sino que también sobornó jueces y testigos para evitar cualquier condena.

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Desde entonces, Manfred Mauricio Quintanilla se ha convertido en uno de los personajes más señalados por corrupción y complicidad en feminicidio

El incidente ocurrió en 2022 cuando Jesús Hernández Alcocer disparó a quemarropa contra su esposa en un acto de violencia que conmocionó a la sociedad.

Las autoridades intentaron detener al responsable, pero Manfred Mauricio Quintanilla intervino para facilitar la fuga de su tío, aprovechando su influencia y recursos para manipular el proceso judicial a su favor.

A pesar de los intentos de la justicia, el abogado falleció sin recibir sentencia alguna, consolidando así la impunidad en un caso que indignó a la ciudadanía.

Desde entonces, Mauricio Quintanilla se ha convertido en uno de los personajes más señalados por corrupción y complicidad en feminicidio en el estado, acumulando acusaciones de fraude y otros delitos financieros.

El paradero de Quintanilla sigue siendo un misterio, mientras la presión social exige que se tomen acciones contundentes en su contra.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han señalado este caso como un claro ejemplo de la impunidad que persiste en México, donde los poderosos utilizan su influencia para evadir la justicia.

A tres años del crimen, la exigencia de justicia sigue latente. La ciudadanía pide respuestas, mientras que las autoridades enfrentan el reto de demostrar que ningún criminal, sin importar su poder o riqueza, está por encima de la ley.

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